El artº 24, 1 de la Constitución española establece: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.” Es de dominio público que la 'tutela' de los jueces es todo menos que 'efectiva'(1), pues a la hora de pretender el ciudadano ejercer ese derecho, se encuentra ante una organización judicial decimonónicamente formalista, económicamente ruinosa, desbordada y atascada por la falta de jueces suficientes para el enorme número de casos y cometidos asignados, donde la veracidad y eficacia, fundamentos básicos de la justicia, a menudo quedan obviados por motivo de variopintos corsés procedimentales y ridículos asignaciones presupuestarios.
El colapso de la justicia española, no solo se debe a la insuficiencia de una dotación de personal suficiente, sino también al propio ordenamiento que estimula e induce a recurrir a la misma. Un buen ejemplo es la propia Administración pública que, a través de sus metastásicas dependencias, deja innumerables asuntos sin resolver ('silencio administrativo'), resuelve mal (por desidia, desconocimiento, enemistad, etc.) o por miedo a equivocarse (2).
La práctica impunidad del funcionario español es otra causa de infinitos pleitos, dado que no resolver y remitir al ciudadano perjudicado a la Justicia es tristemente habitual. Ante problemas, existe una 'costumbre administrativa' de pasar el problema a la Justicia: ¡que resuelvan ellos!
(1) Después de la reforma judicial del ministro Gallardón (2012) que ha condicionado el acceso a la justicia al previo pago de importantes 'tasas judiciales', el término de la justicia 'efectiva' pudo confundirse con el efectivo a pagar para acceder a ese servicio 'público' que, partir de esa nueva circunstancia resultaba todavía un poco más 'privado', concepto íntimamente asociado a 'privativo'. Reforma que provocó enormes protestas de todos los estamentos jurídicos del país, por lo que años más tarde fue anulada, evidentemente sin devolver a los muchos litigantes perjudicados de unas tasas absolutamente ilegales.
(2) Ante la inflación normativa que a diario riega el país con nuevas disposiciones, ordenes, decretos, leyes, etc., a menudo contradictorios, para el funcionario desbordado resulta más cómodo no resolver o inclusive denegar antes de arriesgarse a dictar una resolución en base de un conjunto de reglamentos que a menudo no entiende.
Ver:
La justicia excesivamente tolerante (40-c )
Costas judiciales tan justas como disuasivas (70-040)
Disuadir las falsedades en juicio (70-040-e)
La defensa de los acreedores en los procedimientos concursales (70-040-k)
Desmitificar sacrosantos plazos judiciales
El Consejo General del Poder Judicial (45 -)
Un Tribunal Constitucional sin condicionamientos políticos (48)
Aplicación injusta de leyes incomprensibles (40-q)
Menos justicia - más corrupción(40-r )
El secuestro de la Constitución en la justicia ordinaria (40-r)
Recortes arbitrarios a la defensa (41-a)
Abogados (41)
España: ¿un Estado de Derecho?
El colapso de la justicia española, no solo se debe a la insuficiencia de una dotación de personal suficiente, sino también al propio ordenamiento que estimula e induce a recurrir a la misma. Un buen ejemplo es la propia Administración pública que, a través de sus metastásicas dependencias, deja innumerables asuntos sin resolver ('silencio administrativo'), resuelve mal (por desidia, desconocimiento, enemistad, etc.) o por miedo a equivocarse (2).
La práctica impunidad del funcionario español es otra causa de infinitos pleitos, dado que no resolver y remitir al ciudadano perjudicado a la Justicia es tristemente habitual. Ante problemas, existe una 'costumbre administrativa' de pasar el problema a la Justicia: ¡que resuelvan ellos!
(1) Después de la reforma judicial del ministro Gallardón (2012) que ha condicionado el acceso a la justicia al previo pago de importantes 'tasas judiciales', el término de la justicia 'efectiva' pudo confundirse con el efectivo a pagar para acceder a ese servicio 'público' que, partir de esa nueva circunstancia resultaba todavía un poco más 'privado', concepto íntimamente asociado a 'privativo'. Reforma que provocó enormes protestas de todos los estamentos jurídicos del país, por lo que años más tarde fue anulada, evidentemente sin devolver a los muchos litigantes perjudicados de unas tasas absolutamente ilegales.
(2) Ante la inflación normativa que a diario riega el país con nuevas disposiciones, ordenes, decretos, leyes, etc., a menudo contradictorios, para el funcionario desbordado resulta más cómodo no resolver o inclusive denegar antes de arriesgarse a dictar una resolución en base de un conjunto de reglamentos que a menudo no entiende.
Ver:
La justicia excesivamente tolerante (40-c )
Costas judiciales tan justas como disuasivas (70-040)
Disuadir las falsedades en juicio (70-040-e)
La defensa de los acreedores en los procedimientos concursales (70-040-k)
Desmitificar sacrosantos plazos judiciales
El Consejo General del Poder Judicial (45 -)
Un Tribunal Constitucional sin condicionamientos políticos (48)
Aplicación injusta de leyes incomprensibles (40-q)
Menos justicia - más corrupción(40-r )
El secuestro de la Constitución en la justicia ordinaria (40-r)
Recortes arbitrarios a la defensa (41-a)
Abogados (41)
España: ¿un Estado de Derecho?
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La Vanguardia, 14.6.2015, Josep M. Mercader Miro, en 'carta al director' comenta las múltiples 'palabras vacías' de los políticos en relación a fraudes, corrupción etc. y echa de menos que se alcen voces "... per demanar ... sobretot justicia, per mi el pal de paller de tot el que està passant i potser l'única solució real dels fets que estem vivient: que la justicia amb majúscules fincione de veritat..."
El País, 18.1.2014, Joan Ridau, en un artículo relativo a la justicia y corrupción, entre otros, escribe, "... dotando a la Administración de justicia de mayores medios, análogos por ejemplo a los de la Agencia Tributaria, la justicia podría coadyuvar más y mejor en la ardua tarea de combatir la corrupción..."
La Vanguardia, 21.7.2013, Xavier Antich refiriéndose al descrédito del sistema político español, analiza una de las causas, comentando "... la ineficacia de la justicia española parece convertir la impunidad en norma...."
10/2016
