En las democracias occidentales, la mayoría de los cargos electos de responsabilidad pública (11 -) suelen ser ocupados por políticos con absoluta independencia de su perfil cultural, profesional o currículo. Ello constituye una costosa y a la vez irrenunciable servidumbre al principio democrático de la igualdad de todos para poder ser elegidos. Caro tributo, como puede constatarse a diario, muchos políticos no reúnen aptitudes para hacer honor a las responsabilidades inherentes a sus cargos. En un sistema democrático, la ley no puede regular un perfil profesional mínimo para poder ocupar un cargo cuando procede de una elección democrática. Ello no debería ser excusa para eliminar el fatal hábito de aupar a amigos o familiares no electos en altos o no tan altos cargos de la Administración, sin que estas personas hubieran pasado por una criba acerca de su idoneidad para e destino que se les confía(1). Un nuevo Derecho administrativo democrático debe prescribir un 'perfil profesional mínimo' para los cargos políticos no electos, es decir los designados 'a dedo'. No es admisible que la Administración que convierte la existencia del ciudadano en 'libertad condicionada' luego se olvida de que sus integrantes han de ostentar una mínima de capacitación para encajar con el destino de la 'libre designación'.
Con excepción de los cargos derivados directamente de una elección democrática, no parece descabellado institucionalizar la obligación de acreditar una habilitación profesional apropiada para asumir un cargo de responsabilidad en la Administración pública. El hecho de que un político (de profesión médico) pueda ser ministro de industria(2) carece de la más elemental lógica. Un médico está predestinado a ser ministro de sanidad y un ingeniero a ministro de industria. Un ministro de asuntos exteriores debería siempre proceder de la carrera diplomática, además de dominar perfectamente el inglés que favorecerá mucho su tarea y la imagen del país que representa. Un ministro de comercio debería ser un empresario de reconocidos éxitos y prestigio, o. como mínimo, acreditar su competencia mediante un título de estudios empresariales superiores. El cargo de ministro de justicia debería siempre recaer en un jurista de prestigio, con largo recorrido en el ejercicio activo de juez o magistrado. Ello ayudaría a limitar la tan nefasta como inadmisible práctica de nombrar altos cargos en función de compromisos y agradecimientos políticos o inclusive privados, cuya escasa aptitud se suele disfrazar con la 'confianza personal' que supuestamente inspiran a quien los nombra.
La 'confianza' debe derivarse de un currículo demostrativo de una competencia tan comprobada como titulada. Cuando el ciudadano acude al médico, lo hace por confianza normalmente gracias a su título académico. No es admisible que la Administración, que ha 'condicionado' la existencia del ciudadano en base de un sinfín de requisitos administrativos, se olvide paralelamente de regular con idéntico rigor y minuciosidad la actividad de sus propios integrantes. En tanto una vendedora de verduras debe obligatoriamente ostentar un título para poder 'manipular alimentos', en justa reciprocidad, un cargo de designación política deberá, cumplir con idénticos criterios de competencia e idoneidad que debe cumplir aquélla. El nuevo Derecho administrativo democrático impedirá emplear personas a cargo del presupuesto público sólo por la 'confianza' personal de un político. Todo empleado público deberá acreditar su capacitación para el trabajo al que se le destina(3), pues la 'confianza' no puede equipararse a un título o una acreditada experiencia cuando, incluso una vendedora de verduras se halla sujeta a reglamentación: RD 2505/83, Reglamento de Manipulador de Alimentos.
(1) La Administración pública tiene derecho a comprobar la titulación suficiente para el ejercicio de cualquier actividad, y - en justa reciprocidad - el ciudadano tiene derecho a conocer el grado de cultura y aptitud profesional de SUS empleados públicos, pues son pagados con sus impuestos. En las páginas web de los diferentes organismos públicos, debería ineludiblemente publicarse la capacitación académica, profesional y laboral de sus integrantes y el horario de su dedicación. La ocultación o manipulación de datos profesionales causaría el cese inmediato de quien lo provocó. A quien no le guste, no aspire a ser mantenido con los impuestos de los ciudadanos.
(2) El ex-alcalde de Barcelona, Sr. Clos, médico de profesión, ejerció de alcalde, de ministro de Industria, de embajador de España, etc. Al desempeñar tantos cargos diferentes, a veces resulta difícil distinguirlos por el propio interesado, pues cuando prestó juramento como ministro de Industria, prometió ser buen ministro de Justicia.
(3) No es de recibo la existencia de 'asesores' de un ministro de personas que por su curriculum, experiencia y profesión nada pueden saber ni aportar acerca de las tareas encomendadas a las mismas por el ministro. El concepto de 'confianza' delata una relación que por su naturaleza es subjetiva, inclusive íntima y por tanto arbitraria, por lo que no puede servir de justificación para dar empleo a cargo de los impuestos. Para poder defender a un 'ladronzuelo', el abogado debe acreditar estar en posesión del título académico de licenciado en derecho, en cambio un ministro puede ser persona sin título de clase alguna. Los políticos suelen imponer y exigir una titulación para la inmensa mayoría de actividades. En justa reciprocidad deberían ser los primeros en dar ejemplo, pues los cargos que desempeñan suelen ser de una importancia incomparablemente superior a la mayoría del los mortales.
Gilles Gaetner, en su libre 'La república de los compinches' comenta que "Después de 1981, Francia, sin darse cuenta, entró en la era de las nombramientos políticos. Ayúdame y te encontraré un trabajo bien remunerado". Comenta que los franceses son víctimas de ilusiones si creen que la competencia , aptitudes, cualidades y talentos son el único criterio para los nombramientos para los cargos clave en la Administración. Se pregunta si estamos (los franceses) tan lejos de los tiempos del emperador Caligula que elevó a su caballo al cargo de Consul de Roma.
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El Mundo, 22.8.2015, Javier Mato comenta como los jefes de los nuevos partidos que llegaron al poder de Mallorca se precipitaron a colocar a familiares en puestos de 'confianza'. En relación al tema escribe como 'Mes por Mallorca' invitó, mediante correo electrónico a sus militantes, a presentar currículums para ocupar un cargo de 'confianza' en Bruselas.
El Mundo, 8.7.2015, titula su editorial, "El Senado sigue siendo una agencia de colocación para el PP y el PSOE", y, entre otros escribe. "En total, la Cámara Alta acoge a nueve ex presidentes cuyo gasto en nóminas ronda las 600.000 euros."
El Mundo, 21.6.2015, David Jiménez acerca de la 'meritocracia' comenta como los impuestos de los españoles, "...sostienen una gigantesca agencia de colocación que permite a miles de políticos mamar del sistema". Como a un camarero de la Costa de Sol se le exige saber inglés y no se lo exige al presidente del país donde, "... cualquiera puede ser cualquier cosa, en cualquier sitio..." y se extiende sobre la opacidad de los enchufados, de múltiples asesores que no se sabe muy bien a qué, cómo y cuando dedican sus 'asesoramientos'.
La Razón, 25.6.2015, Pablo Gómez comenta como el sobrino de la recién electa alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, había cobrado "...una indemnización de 87.807 euros por haber trabajado ocho meses en la Escuela de Negocios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio..." en el año 2006. El citado familiar, que pasó desde entonces por otras Administraciones públicas, fue nombrado en junio 2015 por su tía Carmena como coordinador general de la Alcaldía de Madrid.
El Mundo, 4.3.2014, Guillermo Gortázar escribe: "... una intensa práctica endogámica favorece la permanencia en política de numerosas personas que harían bien en dar un paso atrás, volver a su puesto de trabajo y experimentar lo que es sacar adelante una empresa o una profesión liberal..."
La Vanguardia, 3.5.2014, Carles Casajuana, refiriéndose al problema, a escala autonómica y municipal, de la falta de independencia y de profesionalización de los funcionarios y la discrecionalidad excesiva de los políticos en su designación, comenta que y dice que muchos funcionarios se quejan, "... del número de asesores nombrados a dedo por los políticos y la falta de seguridad profesional para resistir las presiones y defender los intereses de los ciudadanos... la sumisión de los funcionarios .... es una de las razones que explican las barbaridades que se han hecho..."
El Mundo, 17.2.2014, Jesús Fernández y Luis Garicano, refiriéndose a la poca preparación profesional y cultural de los 'appartchik' de la Administración pública española y tomando como ejemplo a Juan Manuel Moreno y Susana Díaz, candidatos popular y socialista respectivamente a la presidencia de la Junta de Andalucía comenta que "... ambos políticos comparten una característica.... toda su vida ha girado en torno a la política y su carrera profesional fuera de ella es inexistente..... Entre todos debemos preguntar a los candidatos a qué se dedicaron durante sus años de juventud..."
-8- El Mundo, 11.11.2013, Víctor Mondelo subtitula: "La Diputación de Barcelona gasta 875.000 euros más al año en cargos de confianza", y entro otros comenta que "... el salario del mayor cargo de confianza del organismo supramunicipal .... percibe 108.000 euros brutos anuales...."
La Vanguardia, Carta al Director, 29.7.2013, Imma Garolera describe como se cerró el Centro de Documentación y Archivo Histórico de Girona cuya gestión había ganado entre otros aspirantes. En su consecuencia fue despedida y dice: "M´entristeix.... com la Diputació de Girona.... retalla el meu sou, que els suposava 14.000 euros, i després es gasten més d`un milió d`euros en suposats assessors..."
La Vanguardia, 20.1.2013, Juan Carlos Merino, en relación a un debate entre la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y Esperanza Aguirre, donde la primera, entre otros, opinó que "... antes de entrar en política, es necesario completar .... una formación y una experiencia profesional para aportar esa experiencia al servicio público...."
ABC, 26.10.2012, Juan Carlos Girauta en contradicción con la preparación de muchos políticos ("señora Pajín, señor Zapatero, señor Montilla señor Corcuera") el articulista comenta como Madrid va a exigir una titulación para que los taxistas puedan ejercer su trabajo por motio del imagen del país.
El Mundo, 7.8.2012, Elisa de la Nuez describe la situación administrativa española de "auténtica debacle institucional", denunciando que a los administradores del país "no se les escoge por su trayectoria profesional, o por el número de matrículas de honor......., sino por su trayectoria de lealtad (política)..."
La Vanguardia, 23.3.2012 se refiere al Congreso de Convergencia Democrática de Cataluña, entre otros diciendo: "Este congreso servirá también para reforzar la figura de Oriol Pujol, que asciende a la secretaría general.... mientras Jordi Pujol ocupará el cargo honorífico de presidente fundador..."
La Vanguardia, 13.2.2012, carta al director de Fernando Guerrero, en la que dice: "... En España ser político se ha convertido en una profesión muy deseada, ... no se requiere un nivel académico alto, ... (ni) conocer idiomas ... no importa la ideología, ya que te puedes cambiar de partido sin devolver el escaño...."
La Vanguardia, 11.11.2011, Jordi Torras, en carta al director escribe: "En la publicidad electoral que recibiremos deberíamos encontrar los currículos de los candidatos de cada partido....".
Con excepción de los cargos derivados directamente de una elección democrática, no parece descabellado institucionalizar la obligación de acreditar una habilitación profesional apropiada para asumir un cargo de responsabilidad en la Administración pública. El hecho de que un político (de profesión médico) pueda ser ministro de industria(2) carece de la más elemental lógica. Un médico está predestinado a ser ministro de sanidad y un ingeniero a ministro de industria. Un ministro de asuntos exteriores debería siempre proceder de la carrera diplomática, además de dominar perfectamente el inglés que favorecerá mucho su tarea y la imagen del país que representa. Un ministro de comercio debería ser un empresario de reconocidos éxitos y prestigio, o. como mínimo, acreditar su competencia mediante un título de estudios empresariales superiores. El cargo de ministro de justicia debería siempre recaer en un jurista de prestigio, con largo recorrido en el ejercicio activo de juez o magistrado. Ello ayudaría a limitar la tan nefasta como inadmisible práctica de nombrar altos cargos en función de compromisos y agradecimientos políticos o inclusive privados, cuya escasa aptitud se suele disfrazar con la 'confianza personal' que supuestamente inspiran a quien los nombra.
La 'confianza' debe derivarse de un currículo demostrativo de una competencia tan comprobada como titulada. Cuando el ciudadano acude al médico, lo hace por confianza normalmente gracias a su título académico. No es admisible que la Administración, que ha 'condicionado' la existencia del ciudadano en base de un sinfín de requisitos administrativos, se olvide paralelamente de regular con idéntico rigor y minuciosidad la actividad de sus propios integrantes. En tanto una vendedora de verduras debe obligatoriamente ostentar un título para poder 'manipular alimentos', en justa reciprocidad, un cargo de designación política deberá, cumplir con idénticos criterios de competencia e idoneidad que debe cumplir aquélla. El nuevo Derecho administrativo democrático impedirá emplear personas a cargo del presupuesto público sólo por la 'confianza' personal de un político. Todo empleado público deberá acreditar su capacitación para el trabajo al que se le destina(3), pues la 'confianza' no puede equipararse a un título o una acreditada experiencia cuando, incluso una vendedora de verduras se halla sujeta a reglamentación: RD 2505/83, Reglamento de Manipulador de Alimentos.
(1) La Administración pública tiene derecho a comprobar la titulación suficiente para el ejercicio de cualquier actividad, y - en justa reciprocidad - el ciudadano tiene derecho a conocer el grado de cultura y aptitud profesional de SUS empleados públicos, pues son pagados con sus impuestos. En las páginas web de los diferentes organismos públicos, debería ineludiblemente publicarse la capacitación académica, profesional y laboral de sus integrantes y el horario de su dedicación. La ocultación o manipulación de datos profesionales causaría el cese inmediato de quien lo provocó. A quien no le guste, no aspire a ser mantenido con los impuestos de los ciudadanos.
(2) El ex-alcalde de Barcelona, Sr. Clos, médico de profesión, ejerció de alcalde, de ministro de Industria, de embajador de España, etc. Al desempeñar tantos cargos diferentes, a veces resulta difícil distinguirlos por el propio interesado, pues cuando prestó juramento como ministro de Industria, prometió ser buen ministro de Justicia.
(3) No es de recibo la existencia de 'asesores' de un ministro de personas que por su curriculum, experiencia y profesión nada pueden saber ni aportar acerca de las tareas encomendadas a las mismas por el ministro. El concepto de 'confianza' delata una relación que por su naturaleza es subjetiva, inclusive íntima y por tanto arbitraria, por lo que no puede servir de justificación para dar empleo a cargo de los impuestos. Para poder defender a un 'ladronzuelo', el abogado debe acreditar estar en posesión del título académico de licenciado en derecho, en cambio un ministro puede ser persona sin título de clase alguna. Los políticos suelen imponer y exigir una titulación para la inmensa mayoría de actividades. En justa reciprocidad deberían ser los primeros en dar ejemplo, pues los cargos que desempeñan suelen ser de una importancia incomparablemente superior a la mayoría del los mortales.
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01/2016
