Alarmado del uso despótico que la monarquía absolutista francesa hacía de las instituciones del Estado, el filósofo francés Charles Montesquieu propuso dividir el poder político entre legislativo (parlamento), ejecutivo (gobierno) y judicial (tribunales). Según Montesquieu esa división debía instrumentarse de forma que cada uno de esos poderes del Estado fuera totalmente independiente de las otros, convirtiendo esa 'independencia administrativa' de elemento de contrapeso entre ellas. La finalidad última fue debilitar el despotismo monárquico, pues todo poder dividido se suaviza o debilita. Teoría que fue recogida en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 aprobada por la Revolución francesa.
Aún cuando dicha teoría es aceptada como principio básico de cualquier Estado de Derecho. Sin embargo los partidos en el poder (ejecutivo) suelen someter a sus parlamentarios a una estricta obediencia de sus decisiones, pervertido la llamado 'disciplina de partido' (30-2) en esclavo servilismo o en correa de transmisión de las decisiones del partido. Con ello se ha degradado a los parlamentarios a meros esclavos, ciegos servidores de los intereses de sus respectivos partidos a cambio de haberlos colocado en una lista electoral. Sería más honesto y propio llamarlos 'representantes de los partidos, en lugar de 'representantes del pueblo'.
En cuanto al poder judicial, los sucesivos gobiernos han hecho lo posible e imposible para invadirle o condicionarlo. El ejemplo más llamativo de ésta circunstancia constituye la potestad de los partidos para intervenir de forma directa e indirecta en el nombramiento de los miembros de los más altos organismos de la judicatura (Tribunal constitucional Consejo General del Poder Judicial, (45 - ) la Fiscalía del Estado(1), etc.)
(1) Art. 124 de la Constitución: El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
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El Mundo , 29.1.2017, Chema Rodríguez entrevistó a la Juez Mercedes Alaya, famosa por haber instruido los casos de corrupción en Andalucía (Chaves, Griñán, EREs...). En el curso de la entrevista, la magistrada denunciaba la injerencia del poder ejecutivo en el de la justicia. Describe el incremento de facultades a favor de la Fiscalía - "brazo ejecutor de del poder político " - en perjuicio de la judicatura, inclusive dudando de la independencia judicial por, "...la ansia de los políticos por controlar el poder judicial..." a través de, " reformas legislativas cada vez más asfixiantes..."
Aún cuando dicha teoría es aceptada como principio básico de cualquier Estado de Derecho. Sin embargo los partidos en el poder (ejecutivo) suelen someter a sus parlamentarios a una estricta obediencia de sus decisiones, pervertido la llamado 'disciplina de partido' (30-2) en esclavo servilismo o en correa de transmisión de las decisiones del partido. Con ello se ha degradado a los parlamentarios a meros esclavos, ciegos servidores de los intereses de sus respectivos partidos a cambio de haberlos colocado en una lista electoral. Sería más honesto y propio llamarlos 'representantes de los partidos, en lugar de 'representantes del pueblo'.
En cuanto al poder judicial, los sucesivos gobiernos han hecho lo posible e imposible para invadirle o condicionarlo. El ejemplo más llamativo de ésta circunstancia constituye la potestad de los partidos para intervenir de forma directa e indirecta en el nombramiento de los miembros de los más altos organismos de la judicatura (Tribunal constitucional Consejo General del Poder Judicial, (45 - ) la Fiscalía del Estado(1), etc.)
(1) Art. 124 de la Constitución: El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
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La Vanguardia, 17.6.2013, editorial titula "La muerte de Montesquieu" y comenta, "La reciente renovación del Tribunal Constitucional, .... que se ha concretado en la designación de tres magistrados de adscripción conservadora y uno del sector progresista, es un síntoma más de una crisis generalizada de la democracia representativa, ... la invasión por los partidos políticos de las estructuras del Estado..."
01/2016
