Relativo a tema del principio del derecho a la reciprocidad con la Administración pública, viene al caso el siguiente símil: En el Sermón de la montaña, Jesucristo decía: “¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano (del contribuyente), y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo (el de la Administración pública)? ¿O cómo dirás a tu hermano (el investigado): Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo (el de la Administración pública)? ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo (la de la Administración pública), y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano (la del contribuyente)”.
De todos los Ministerios el de Hacienda Pública es el único ente público administrativo con una eficiencia envidiable(1). A través de las declaraciones de IVA; de sociedades; de renta; de transmisiones patrimoniales, etc., Hacienda obtiene regular y puntual información pormenorizada de las actividades económicas y financieras de la inmensa mayoría de las personas físicas y jurídicas. No es en absoluto exagerado sostener que dicho Ministerio, a través del número fiscal de los contribuyentes, puede en cualquier momento acceder a la 'radiografía económico-financiera' de la mayoría de las personas físicas y jurídicas españolas e inclusive extranjeras residentes(2). En aplicación de la justa reciprocidad el ciudadano de a pie debe también poder entrar en los portales contables de todos los organismos y departamentos administrativos para saber lo que la Administración hace con los impuestos recaudados. Tales portales deberán facilitar exhaustiva y exacta información acerca de los gastos de cada ente público con presupuesto propio(3). La información se debería organizar de manera que cualquiera pueda fácilmente encontrar la que busca y entender su contenido y obtener copia digital de los soportes documentales. La instalación de ese portal sería tarea relativamente 'fácil' de institucionalizar dado que todas las cuentas de la Administración ya están digitalizadas. A quienes opinan que esa publicidad pudiera lesionar su 'derecho a la intimidad'(4), lo tiene fácil: renuncia a trabajar o a contratar para/con la Administración, cediendo la oportunidad a los que entienden o acepten que el destino de los impuestos debe sujetarse a la máxima publicidad y transparencia. La Administración no debe gozar de 'secretos' superiores a las del ciudadano. Todo argumento en contra tuerce la más elemental lógica. Estamos ante una 'servidumbre de transparencia' a cargo de quienes celebran cualquier contrato laboral, civil o mercantil con la Administración pública, y que por su naturaleza 'pública' será siempre incompatible con cualquier derecho a reserva, que necesariamente debe ceder ante el superior derecho de los contribuyentes a saber exactamente a quien, porqué y a qué se destinan sus impuestos, observándose el lema de 'quien paga manda' o 'lo público' lo es porque es de todos. Aún cuando es cierto que la Ley 19/2013 prevé ese derecho, sin embargo ya desde un buen principio de su texto (artº 5,1), limita la obligación a facilitar y/o publicar toda información a (cita textual): "... la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizarla transparencia..." De ello se deriva que, en principio es la propia Administración la que determina qué información considera 'relevante' pudiendo en su consecuencia obviar oportunamente la que no le interesa considerar 'relevante'(5). El articulado de la misma ley otorga al ciudadano el derecho a solicitar, preferentemente a través de Internet, información concreta e individualizada al organismo administrativo que corresponda. Sin embargo, el artº 20,4 prevé el derecho de la Administración al 'silencio administrativo'(6), regulando más adelante todos los recursos administrativos y contenciosos en evidente burla a lo que se entiende por una 'transparencia' directa (a la vista) pues, en realidad dichos recursos abocan a una actividad judicial que los contribuyentes no querrán ni podrán asumir. El gobierno municipal de Barcelona de Ana Colau (2015) ha instaurado un 'buzón ético' para que los ciudadanos puedan denunciar conductas irregulares. Ello no es solución, pues siempre se ha podido denunciar tales conductas ante la propia Administración, inclinada a solucionarlas de forma interesada a favor de sus propios intereses' por ser - en tal supuesto - parte y juez. Sólo la transparencia total y de fácil acceso y conocimiento aportaría una herramienta eficaz en pro de la tan cacareada 'lucha contra la corrupción y el despilfarro'.
(1) A menudo esa eficiencia no lo es tanto, dependiendo del poder de relación e influencia de quien se trata
(2) La Vanguardia 23.4.2014, Antonio Durán-Sindreu Buxadé bajo el título, "Asfixia fiscal" comenta que, "...una empresa mediana presenta hoy un mínimo de 21 declaraciones al año, además de la Seguridad Social, de formular y depositar las cuentas anuales, de cumplimentar los libros y registros contables y de atender los diferentes requerimientos de la Administración, sin olvidar otras obligaciones como los certificados para el IRPF de socios, trabajadores y terceros..."
(3) Hace más de doscientos años (4.7.1789) la Asamblea Nacional de Francia, en su Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano establecía el derecho de los ciudadanos a constatar por ellos mismos la necesidad de la contribución pública y de aprobarla libremente, de supervisar su empleo... (artº 14).
(4) Sentencia del Tribunal Constitucional alemán – Bundesverfassungshof - del 5.11.1975 establece que: “La democracia parlamentaria se basa en la confianza del pueblo. No es posible la confianza sin una transparencia que permita comprobar lo que políticamente sucede…..”(a)
(a) La publicidad de los gastos de la administración igualmente ayudaría a evitar “errores” como el de expropiar terrenos a una empresa privada vinculada a conocidos políticos, a razón de 91,oo euros por m2, cuando el suelo expropiado era rústico, por lo que el m2 sólo valía 9,oo euros por m2. Según el Diario de Ibiza de 6.5.2009. Trascendido al público el “pastel”, la empresa beneficiada tuvo que reconocer el “error sufrido”, por lo que no tardó en devolver el exceso de nada menos que 3.5 millones de euros cobrados a la Administración. Con la simple publicidad de los hechos, la Administración pública recuperó 3.5 millones de euros. Casos como los comentados demuestran como a través de la transparencia directa se ahorraría a las arcas públicas miles de millones de euros, reduciéndose además una enorme cantidad de reclamaciones y pleitos que libraría a la Administración de justicia del trabajo que éstos generan, aparte de mejorar mucho la deteriorada imagen de la clase política, se modificarían con toda certeza muchas conductas personales en beneficio de todos. El mero hecho de un control efectivo a través de la transparencia pública, resulta disuasorio para conductas de dudosa ética.
El Mundo, 26.3.2009 comenta la resistencia a facilitar información por escrito sobre informes "...con el argumento de que así protegían los datos de las personas contenidos en los estudios…..el President y su Govern insistieron en que dejarían ver los documentos a Turull, pero en que bajo ningún concepto le facilitarían copias de los mismos…”
(5) El Mundo, 11.12.2014, Olalla Novoa Ojea en relación al reciente inaugurado 'Portal de la Transparencia' del Gobierno, titula "Otra oportunidad perdida" y comenta los impedimentos 'técnicos' para poder de forma práctica y directa obtener información acerca de las actividades del Govern catalán que califica de un "... engorroso proceso .... con el que topará el ciudadano..."
(6) EL País, 19.2.2014, Jesús Ceberio, entre otros comenta: "El preámbulo de la nueva ley (de transparencia) hace una vigorosa defensa de la transparencia como pieza fundamental para recuperar la confianza de los ciudadanos... pero establece excepciones extremadamente genéricas... y consagra el silencio administrativo negativo 21, lo que exime a los interpelados de dar explaciones..."
Ver:
Ejemplo de la transparencia pública real y efectiva (09-a)
COMENTARIOS RELACIONADOS
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La Vanguardia, 12.12.2015, carta al director, David Pérez Tallón, en relación a la necesidad de cuantificar los impuestos según necesidades objetivas y no electorales afirma: "...lo que necesitamos la mayoría de los ciudadanos es transparencia, que nos clarifiquen a qué van a destinar nuestro dinero..."
La Vanguardia 2.7.2105, Josep Gisbert y Àlex Tort comentan el portal de www.parlament.cat/transparencia de la Generalitat de Cataluña donde aparecen los sueldos y patrimonios de los parlamentarios catalanes. Una iniciativa en la buena dirección, aunque faltaría completar esa transparencia con otros extremos tanto más importantes como por ejemplo las cuentas diarias de las instituciones públicas.
El País, 23.11.2014, Fernando Garea titula: "257 cargos no publican su declaración de bienes, el PP se acoge a un reglamento previo para no aplicar una parte de la Ley de Transparencia..."
El País, 8.3.2014, Patricio Fernández, entre otros, comenta: "... la transparencia como objetivo político imprescindible para la democratización del país... como señaló Eduardo García de Enterría, la Administración actúe 'en despachos de cristal, a la vista de todos los ciudadanos'...
La Vanguardia, 7.5.2014, Barcelona, Alberto Fernández Díaz ha pedido al alcalde Trías que facilite los justificantes de gastos y contratos del fòrum de les cultures, 2004, que el PP viene reclamando desde hace años..."
La Vanguardia 6.10.2013, Joan Fontrodona comenta: "Un buen sistema de gobierno se basa en dos pilares básicos: la transparencia y la rendición de cuentas (accountability). Aquí, por el contrario, lo que abunda es la falta de transparencia y la resistencia a asumir responsabilidades..."
La Vanguardia 21.1.2013, M Bassets comenta, “si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios controles externos ni internos sobre los gobiernos..,." y cita al Juez Louis Brandeis (1856-1941) que escribió que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes.
El Mundo, 20.11.2012, Carlos Segovia comenta que "la dirección del Partit dels Socialistes de Catalunya y sus socios del tripartito bloquearon ... a Pasqual Maragall, de investigar la corrupción de CIU..." y glosa que P. Maragall "... no fue capaz de movilizar el aparato de la Generalitat para aclarar las comisiones del 3% que, supuestamente, cobraba el partido de Jordi Pujol a cambio de la adjudicación de contratos públicos...."
El País 24.9.2012, María Fabra titula, "Por qué lo pregunta? Todo es secreto", y escribe: "... La Constitución marca el derecho de los españoles a la información, pero las Administraciones son, en demasiados casos, muy reacias a facilitarla. Acogiéndose a otras leyes o a simples "ese dato no lo tengo", resulta muy complicado, a veces imposible, conocer cómo se gasta el dinero de los contribuyentes...".
-27- El Mundo, 21.9.2012, María Peral titula: "El Supremo admite un recurso para que el Tribunal Constitucional facilite sus gastos de viajes", y comenta como el TC no contestó la solicitud del partido 'Soberanía de la Razón' para que revelara si "... ha habido uso de fondos públicos para sufragar cruceros, actividades de ocio y análogos..."
El País, 7.4.2012, J.S. González, comenta que "... uno de cada tres Ayuntamientos no presenta sus presupuestos ante el Tribunal de Cuentas. El 95% de los entes públicos locales elude la fiscalización(a).
(a) Con tales 'ejemplos de conducta' de la Administración local, no es de extrañar que el ciudadano de a pie no sienta grandes deseos de contribuir con sus impuestos al mantenimiento de gastos que luego no puede ni conocer y menos controlar.
El País, 10.11.2011, Jesús Cebrerio: "....España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tiene una ley de transparencia y acceso a la información pública...."
La Vanguardia 10.12.2010, Sergio Heredia escribe que “la sociedad ya no cree en los líderes, ni políticos, económicos o eclesiásticos ni culturales….el ciudadano, descreído, establece relaciones entre la corrupción y los partidos políticos”. Y en la editorial del mismo día, indica que: ”…. La corrupción es el cáncer de la democracia”.
El País 29.11.2010, Soledad Gallego-Díaz: a raíz de la publicación de correspondencia diplomática secreta americana de Wikileaks, cita una sentencia del Tribunal Supremos americano que estableció que toda censura previa (de la Administración pública) tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad. Y continúa que la transparencia crea una mejor sociedad y mejor vigilancia contra la corrupción.
La Vanguardia, 22.11.2010: La editorial reclamaba “Contra corrupción, transparencia” añadiendo que “... sólo de esa manera podrá confiarse en la posibilidad de tener, algún día, una administración sin tacha, totalmente libre de corruptelas…..”
El País, Cataluña, 30.6.2011, “La intención inicial del alcalde (de Mollet del Vallés) era subirse el sueldo un 32% (hasta 78.000 euros anuales) e incrementar un 31% el de sus concejales..." Después de publicarse la noticia el alcalde y sus concejales dieron marcha atrás.
El País, 23.6.2011: En relación a los debates del movimiento 15-M escribió: "... La opacidad repercute en la calidad democrática….”. La opacidad, según Carlos Martínez Gorriarán, “es la norma en lugar de ser la excepción”. “Suecia aprobó la primera ley de transparencia en 1766”.
La Vanguardia, 16.6.2011, Daniel Faura escribe: “Entre las observaciones del Tribunal de Cuentas de España destaca que más del 30% de entidades (municipios de España) no cumplen con la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma…….”.
El Mundo, 8.6.2011, John Müller en relación a la transparencia escribe que en Chile "... cualquiera puede ... exigir datos públicos al Estado y éste debe contestar en 20 días. Si no lo hace, los políticos o funcionarios que no cumplan, serán sancionados..."
El Mundo, 2.6.2011, Juan García en relación al gran agujero que el nuevo gobierno de la Generalitat encontró del anterior, escribió, “... tenemos un grave problema, más estructural…. Sin transparencia no hay posibilidad de control y sin control no hay credibilidad de la acción parlamentaria ...”
El País, 3.5.2011, comenta supuestas deudas ocultas de hasta 15.000 millones por deudas de Sanidad del gobierno de Galicia. A sí mismo comenta que la Sanidad de Valencia había dejado en el 'cajón' otras 1.300 millones de deuda, e indica que "...los mismos que 'administran' dichas situación persiguen al ciudadano de a pie sin contemplaciones con recargos, multas y embargos. Acumular deudas infinitas a cargo de los impuestos no conlleva sanción ni multa..."
Ernest Benach 2010, el expresidente del Parlamento catalán, escribió un libro (Política 2.0) declarándose ferviente defensor de la democracia digital, los blogs como una herramienta para “conectar a los políticos con los ciudadanos”.
La Vanguardia 10.12.2010, Sergio Heredia escribe que “la sociedad ya no cree en los líderes, ni políticos, económicos o eclesiásticos ni culturales….el ciudadano descreído establece relaciones entre la corrupción y los partidos políticos”. En la editorial del mismo día indica que: ”…. la corrupción es el cáncer de la democracia”.
El País 29.11.2010, Soledad Gallego-Díaz: A raíz de la publicación de correspondencia diplomática secreta americana de Wikileaks cita una sentencia del Tribunal Supremo americano que estableció que toda censura previa (de la Administración pública) tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad..... y continúa diciendo que la transparencia crea una mejor sociedad y mejor vigilancia contra la corrupción.
La Vanguardia, 22.11.2010, editorial, reclama “... contra corrupción, transparencia” añadiendo que “…con la redacción y aprobación de una ley de acceso a la información pública…sólo de esa manera podrá confiarse en la posibilidad de tener algún día una administración sin tachas, totalmente libre de corruptelas…..”.
La Vanguardia 7.6.2010, critica que el Ayuntamiento de Barcelona (en relación a las cuentas de 2009): “….no ha conseguido los prometidos establecimientos de control de gasto y de transparencia; por lo que no han conseguido domesticar el gasto excesivo ni disipar la opacidad…..”.
La Vanguardia 9.11.09 reproduce un estudio de la propia la Generalitat donde señala que podría ahorrarse entre 45 y 70 millones de euros al suprimir el encargo de informes superfluos(a).
El Mundo, 26.3.2009: ….”Benach amparó al diputado nacionalista y reclamó al presidente y al vicepresidente, que pusiesen los informes en manos de Turull. Al cabo de unos días llegó la respuesta. Y era negativa…." con la excusa de la obligación de proteger los datos de las personas contenidas en los estudios…..”
-8 - El País, 27.3.09, en relación a la votación del derecho de los Diputados a ejercer actividades privadas paralelamente a de su trabajo parlamentario, comenta como el presidente del Congreso, José Bono, ordenó a los ujieres "... que cerraran la puerta del hemiciclo, que vaciaran las tribunas de público y que apagaran las cámaras de televisión, …. y que cerraran la puerta del hemiciclo….. ",. Después de esas 'medidas' de secretismo, sólo 43 diputados votaron en contra. Ello demuestra que en asuntos económicos de 'interés común', no hacía falta imponer la disciplina o el control de los partidos, pues en esos 'asuntos muy personales' suelen desdibujarse las diferencias ideológicas. La propuesta de 'manga ancha' para todo tipo de actividades privadas al margen de las funciones parlamentarias de Sus Señorías, lógicamente fue aprobada por esos mismos Señorías, ello en uso (faltaría más) de las facultades que les fueron conferidas por la 'voluntad popular'.
La Vanguardia 5.3.2009 comenta como el tripartito "tumbó con sus votos" la propuesta de "…. la creación de un registro de informes que estaría ubicado en el Parlament y de modificar el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos..."
El Mundo, 20.2.2009 comenta la oposición de los departamentos de la Generalitat a facilitar copias de informes pagados con los impuestos de los ciudadanos.
El Mundo, 20.2.2009 comenta la oposición de los departamentos de la Generalitat a facilitar copias de informes pagados con los impuestos de los ciudadanos.
El Mundo 4.2.2009 comenta como “... uno no lo quiere decir y el otro no lo sabe. El vicepresidente de la Generalitat ... se niega a explicar cuánto cuesta la recién inaugurada delegación de la Generalitat en el centro de Nueva York para 'no darle un titular a la prensa española'(a).
(a) El problema no sólo es español; sino que en democracias tan reputadas como la británica, donde el parlamentario Anthony Steen, con ocasión de los escándalos relativos al destino privado de fondos del Parlamento, se preguntaba públicamente: “¿Que derecho tiene el público de inmiscuirse en mi vida privada?”, olvidándose que había destinado 87.000 libras esterlinas de fondos precisamente de dicho público al mantenimiento de una enorme finca de su propiedad (Spiegel, 22/2009). Otro botón de muestra “europeo” constituye el escándalo de las subvenciones agrarias europeas. Finalmente y después de mucho conflicto, Alemania aceptó publicar vía Internet las subvenciones agrarias a sus agricultores así como también a sus empresas agrícolas (www.agrar-fischerei-zahlungen.de); de ello se desprende que la parte de león de dichas subvenciones (80%) no llega – como equivocadamente se suponía – a los pequeños campesinos (que mantienen la mayor parte del país vistoso con un cultivo no intensivo), sino a las grandes conglomeraciones agrarias que están hundiendo a los pequeños por su capacidad de dictar precios etc. Sólo la productora de azúcar 'Südzucker', durante 2008 ha recibido subvenciones de 34,4 millones de euros (!) según publica el Frankfurter Allgemeine el 17 de junio 2009. Mientras tanto, el gobierno social cristiano de Baviera se opone a la publicación del destino de las subvenciones en Baviera remitiendo a la legislación relativa a la protección de datos. Todo ello en franca oposición de una sentencia del Tribunal Constitucional alemán – Bundesverfassungshof - de 5.11.1975 que establece que: “La democracia parlamentaria se basa en la confianza del pueblo. No es posible la confianza sin una transparencia que permita comprobar lo que políticamente sucede… La transparencia es además el mejor antídoto a la corrupción y la única forma por la que se puede recuperar la confianza del ciudadano frente a sus representantes públicos."
El Mundo, 12.12.2008: La portavoz…….aprovecha para denunciar la 'dificultad' con que se está encontrando su grupo parlamentario a la hora de realizar la labor de control al Govern, y explica, que "... cuando se hace una interpelación los consellers suelen contestar otra cosa distinta de la que se les pregunta...". (a).
(a) El Presidente de la Junta de Extremadura, 'pillado' por la publicidad de su coche oficial de lujo, asumió como “error” la compra de un coche de lujo y anunció su devolución al concesionario (La Vanguardia 20.11.08); lo que no se explicó es en qué condiciones o a cambio de qué un concesionario acepta la “devolución” de un coche (¿?)
La Vanguardia 28.10.08 Los extras del coche oficial del presidente del Parlament de Catalunya fueron devueltos por el mero hecho de la protesta pública al conocerse su coste; produciéndose de ese modo el consiguiente ahorro al erario público catalán. Un año más tarde el mismo presidente se lamenta de la 'desafección de la ciudadanía con la política' (La Vanguardia 6.11.09).
El País, J. Foguet - Barcelona 27.10.2008, una vez publicado los costes de su coche oficial y los extras que cuestan 83.686 euros en concepto de leasing (un arrendamiento con opción a compra) por cuatro años, el presidente del Parlamento catalán Ernest Benach (ERC) retiro esos 'esxtras' para reducir el leasing en 9.276 euros..."
La Vanguardia 17.5.2008 comenta "... la poca inclinación a la transparencia que se profesa en política, en relación a "... la creación de la comisión de investigación que pedía el PP sobre los informes encargados en el 2007 por el Govern a personas y empresas vinculadas con el tripartito.
Ernest Benach 2010, ex - presidente del Parlamento catalán, escribió un libro (Política 2.0) declarándose ferviente defensor de la democracia digital, los blogs como una herramienta para “conectar a los políticos con los ciudadanos”.
Tribuna El Mundo 25.12.2010 Es además muy interesante comprobar la mundial polémica acerca de la publicación por Wikileaks de los documentos “secretos” de la diplomacia americana y el alcance de lo que razonablemente debería un estado poder mantener oculto frente a sus ciudadanos. Destacar el comentario del Secretario del Comité Judicial de la Cámara (de EEUU), John Conyers, y el congresista Ted Poe acerca de la preocupación que les producía el exceso de documentos clasificados.
